Cristina Kirchner x o PIG de lá

31/08/2010

Desconfiado oferece comentário ao discurso da Presidenta Cristina Kirchner pronunciado aos 24 de agosto último, onde ela justificava a necessidade de uma nova Lei de Imprensa na Argentina.

O texto foi copiado da edição de 30 de agosto de ‘El Pais’, página 12. Encorajamos aos menos familiarizados com o espanhol uma releitura, pois o texto não é difícil de captar. O motivo desta publicação se explica, para nós, pelo velho”efeito Orloff”, o qual há de nos atingir, hoje ou amanhã.

Edemar Motta.

Un análisis del poder
Por José Pablo Feinmann

El discurso que la presidenta CFK ofreció el 24 de agosto fue más allá de lo que han ido todos los discursos de los presidentes argentinos hasta la fecha. Nadie –ni siquiera el primer Perón o Evita– procedieron a una destotalización de la estructura del poder en la Argentina. Analíticamente, destotalizó, en primer término, la totalidad y luego la armó otra vez para exhibir su funcionamiento. ¿De qué estaba hablando la Presidenta? Del poder en las sombras, del poder detrás del trono, del verdadero poder. ¿Cuál es? Es el poder mediático. La filosofía occidental de los últimos 45 años se ha equivocado gravemente. Para salir de Marx y entrar en Heidegger (como crítico exquisito de la modernidad pero desde otro lado al de Marx) se vio obligada a eliminar al sujeto, tal como Heidegger lo había hecho con innegable brillo desde su texto La época de la imagen del mundo. También Michel Foucault dio por muerto al hombre. Barthes, al autor. Al estilo. Deleuze, desde Nietzsche, a la negatividad, o sea: al conflicto en la historia. Y la academia norteamericana sistematizó todo esto incorporando con fervor a los héroes de la French Theory. El fracaso es terrible y hasta patético. En tanto los posmodernos postulan la muerte de la totalidad, el Departamento de Estado postula la globalización. En tanto proponen la muerte del sujeto, el Imperio monta brillantemente al más poderoso sujeto de la filosofía y de la historia humana: el sujeto comunicacional. Y ésta –hace años que sostengo esta tesis que en Europa causa inesperado asombro cuando la desarrollo– es la revolución de nuestro tiempo. El sujeto comunicacional es un sujeto centrado y no descentrado, logocéntrico, fonocéntrico, ajeno a toda posible diseminación, informático, bélico, enmascarador, sometedor de conciencias, sujetador de sujetos, creador de realidades virtuales, creador de versiones interesadas de la realidad, de la agenda que determina lo que se habla en los países, capaz de voltear gobiernos, de encubrir guerras, de crear la realidad, esa realidad que ese sujeto quiere que sea, quiere que todos crean que es, que se sometan a ella, y, sometiéndose, se sometan a él, porque lo que crea el sujeto absoluto comunicacional es la verdad, una verdad en la que todos acabarán creyendo y que no es la verdad, sino la verdad que el poder absoluto comunicacional quiere que todos acepten. En suma, su verdad. Imponer su verdad como verdad para todos es el triunfo del sujeto comunicacional. Para eso debe formar los grupos, los monopolios. Debe apoderarse del mercado de la información para que sólo su voz sea la que se escuche. Para que sean sólo sus fieles periodistas los que hablen. Una vez que esto se logra el triunfo es seguro. El arma más poderosa de la supraposmodernidad del siglo XXI radica en el mayor posible dominio de los medios de información. Que ya no informan. Que transmiten a la población los intereses de las empresas que forman el monopolio. Intereses en los que todas coinciden. Asombrosamente ningún filósofo importante ha advertido esta revolución. Foucault se pasó la vida analizando el poder. Pero no el comunicacional. ¡Por supuesto! ¿Si había negado al sujeto cómo iba a analizar los esfuerzos del poder por constituirlo de acuerdo a sus intereses? Nadie vio –además, y se me antoja imperdonable– al nuevo y monstruoso sujeto que se había consolidado. Superior al sujeto absoluto de Hegel. Algo atisbó Cornelius Castoriadis. Pero poco. Relacionó las campañas electorales con las empresas que las financian. Pero –insisto–, aquí lo esencial es que el tema del sujeto ha vuelto a primer plano. Colonicemos al sujeto, hagámosle creer lo que nosotros creemos, y el poder será nuestro. El poder empieza por la conquista de la subjetividad. Empieza por la construcción de algo a lo que daré el nombre del sujeto-Otro.

Formulemos –como punto de partida de esta temática esencial– la obligada pregunta: ¿qué es el sujeto-Otro? Es lo Otro del sujeto. Escribo Otro con esa enorme O mayúscula para marcar la ajenidad que el Poder consigue instaurar entre el sujeto y lo Otro de sí. Heidegger transitó bien está temática. Lo que yo llamo sujeto-Otro es ese sujeto que –según Heidegger– ha caído “bajo el señorío de los otros” (Ser y Tiempo, parágrafo 27). He aquí un señalamiento brillante y preciso: el señorío de los otros. Heidegger amplía el concepto: quien cae bajo ese señorío (el de los Otros) “no es él mismo, los otros le han arrebatado el ser”. “El Poder, al someter mi subjetividad, elimina mis proyectos, mi futuro más propio, lo que hubiera querido hacer con mi vida. Mis posibilidades (…) son las del Otro, son las del Poder, las que me vienen de afuera. Ya no soy yo quien decide, soy decidido” (JPF, La historia desbocada, Capital Intelectual, Buenos Aires, 2009, p. 128). Heidegger, sin embargo, se remite a la esfera ontológica: lo que se pierde es el ser. No creo que debamos poner el acento ahí: lo que se pierde es la subjetividad, la conciencia, la autonomía de pensar por nosotros mismos, pues pensamos lo que nos hacen pensar, decimos lo que nos hacen decir y nos convertimos en patéticos, bobos, manipulados defensores de causas ajenas. CFK manejó la temática con precisión y con una audacia que –yo, al menos, y ya tengo mis años viviendo siempre en este país– no le vi a ningún presidente. Cuando retoma la frase de tapa de Clarín y la da vuelta es donde revela qué es el Poder. Clarín titula: “El Gobierno avanza en Papel Prensa para controlar la palabra impresa”. Detrás de esta frase está toda la campaña “erosionante” (por utilizar un concepto del revolucionario popular agrario Buzzi, fiel a sus bases hasta la muerte, hasta matar a la FA sometiéndola a los intereses de la Sociedad Rural, manejada hoy por el “Tano” Biolcati, descendiente de la “chusma ultramarina” que Cané desdeñaba, y no por Martínez de Hoz o por el elegante señor Miguens) de la oposición. Es decir, el Gobierno es autoritario, enfermo de poder y siempre empeñado en silenciar a todos. CFK le da la razón a Clarín: “Clarín piensa que quien controla Papel Prensa controla la palabra impresa. Quiero en esto coincidir con Clarín. Claro, quien controla Papel Prensa controla la palabra impresa. ¿Por qué? Porque Papel Prensa Sociedad Anónima es la única empresa que produce en el país pasta celulosa para fabricar papel de diario, fabrica el papel de diario, lo distribuye y lo comercializa en lo que se conoce en términos económicos y jurídicos como una empresa monopólica integrada verticalmente. ¿Por qué? Porque va desde la materia prima hasta el insumo básico, pero no solamente produce ese insumo básico sino que además determina a quién le vende, cuánto le vende y a qué precio le vende. Por eso coincido con Clarín en que quien controla Papel Prensa controla la palabra impresa en la República Argentina”.

El Poder –en cada país– tiene que formar monopolios para tener unidad de acción. No se tiene todo el poder si se tiene sólo Papel Prensa, que implica, es verdad, el control de la palabra impresa. Pero hay que tener otros controles. Sobre todo –hoy, en el siglo XXI, en esta supraposmodernidad manejada por la imagen– el poder de la imagen. Y el de la voz radial, siempre penetrante, omnipresente a lo largo de todo el día. Se trata de la metralla mediática. No debe cesar. ¿Por qué este Gobierno se complica en esta lucha con gigantes sagrados, intocables? O lo hace o perece en cualquier momento. Desde la campaña del señor Blumberg se advirtió que los medios podían armar una manifestación popular en pocas horas. Toda la gilastrada de Buenos Aires salió con su velita detrás del ingeniero que no era e impulsada por Hadad y la ideología-tacho que –en ese entonces– era una creación de Radio 10. La ideología-tacho es un invento puramente argentino. Como el colectivo, el dulce de leche y Maradona. Uno toma un taxi en cualquier parte del mundo y el taxista no lo agrede con sus opiniones políticas. Lo deja viajar tranquilo. Sigamos: la segunda, terrible señal de alarma fue durante las jornadas “destituyentes” y “erosionantes” del “campo”. Sin el apoyo inmoderado de “los medios” habría sido un problema menor. Pero la furia mediática llegó a sus puntos más estridentes. La “oposición” no es esa galería patética de ambiciosos, torpes e impresentables políticos que pelean mejor entre ellos que con sus adversarios. Son los medios. La derecha no tiene pensadores, tiene periodistas audaces, agresivos. Y la mentira o la deformación lisa y llana de toda noticia es su metodología.

El análisis de CFK fue excesivamente rico para una sola nota. Hasta aquí tenemos: Videla convocó a La Nación, Clarín y La Razón y les entregó Papel Prensa. Al ser el Estado desaparecedor socio de la sociedad que se formó, esos diarios no sólo apoyaron o colaboraron con un régimen abominable, fueron sus socios. ¿Para qué? CFK lo dice así: “Durante esos años se escuchaba mucho el tema defender nuestro estilo de vida. Nunca pude entender exactamente a qué se referían cuando se hablaba de defender nuestro estilo de vida. Yo no creo que la desaparición, la tortura, la censura, la falta de libertad, la supresión de la división de los poderes puedan haber formado en algún momento parte del estilo de vida de los argentinos”. Sí, en el momento en que se constituye Papel Prensa y Videla les pide a los grandes diarios que –ahora sí: a muerte– defiendan la lucha en que están empeñados, el estilo de vida argentino, para ser defendido, requería los horrores de la ESMA. Hay un libro de Miguel Angel Cárcano: El estilo de vida argentino. En sus páginas se traza una imagen idílica, campestre, cotidiana y señorial del general Roca. Ese es –para Cárcano– un héroe de nuestro estilo de vida. El de ellos, el de la oligarquía que hizo este país a sangre fuego y a sangre y fuego lo defendió siempre que se sintió atacada. Los herederos de Cárcano y Roca todavía lo defienden. Si se les deja el poder de “formar la opinión pública” como siempre lo hicieron volveremos al país que desean: el del neoliberalismo, el de los gloriosos noventa. Conservarán el poder. Al que CFK dibujó así: “Si hay un poder en la República Argentina, es un poder que está por sobre quien ejerce la Primera Magistratura, en este caso la Presidenta, también por sobre el Poder Legislativo y, mal que pese, también por sobre el Poder Judicial (…) es invisible a los ojos”. Es el poder que tan impecablemente definió un otrora misterioso personaje: “¿Presidente? Ese es un puesto menor”.

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Olhaí as coisas melhorando (?)

18/08/2010

Do colombiano “elespectador.com”, 17-08-2010, 8.00 pm

El acuerdo militar entre Colombia y EEUU que aisló a Uribe y convulsionó a la región.

El documento quedó sin efecto, por ahora, luego de 10 meses de su firma.

El acuerdo militar de Colombia con Estados Unidos, que la Corte Constitucional devolvió a la Presidencia de la República para que se le de trámite parlamentario, convulsionó la región y copó la agenda latinoamericana durante todo el segundo semestre del año pasado.

La iniciativa, que para ser constitucional debería haber pasado por el Congreso, como lo reclamaron en su momento algunos sectores del país, amenazó también con aislar más al Gobierno del ahora ex presidente colombiano Álvaro Uribe.

El “Acuerdo Complementario para la Cooperación y Asistencia Técnica en Defensa y Seguridad”, como se denomina el controvertido convenio y que abrió siete bases del país andino a tropas y contratistas de Estados Unidos, quedó así sin efecto, por ahora, diez meses después de su firma en Bogotá.

El documento fue rubricado el 30 de octubre de 2009 por el entonces ministro colombiano de Relaciones Exteriores, Jaime Bermúdez, y el embajador de Estados Unidos en Bogotá, William Brownfield.

Ambos lo firmaron en medio de un ambiente regional caldeado por la postura en contra de varios Gobiernos y la férrea defensa de Colombia, cuyo jefe de Estado de entonces, Álvaro Uribe, buscó disipar los temores mediante una maratoniana gira.

Las primeras versiones sobre el acuerdo en trance se conocieron a mediados de 2009, cuando Washington preparaba el desalojo de la base de Manta, en Ecuador, por la decisión del presidente de este país, Rafael Correa, de no prorrogar el contrato de 1999 que le permitía operar desde allí.

En un discurso ante el Congreso, Uribe sostuvo el 20 de julio del año pasado que la iniciativa que venía negociando su Gobierno era “para fortalecer bases militares colombianas, no para abrir bases norteamericanas”.

Uribe garantizó que dicho convenio sería “regido por principios como la igualdad soberana, la integridad territorial y la no intervención en asuntos internos de otros Estados”.

El primer gobernante de la región en levantar la voz en contra fue el venezolano Hugo Chávez, para quien dicho acuerdo era una amenaza para su país.

Chávez lo dijo el 21 de julio del año pasado, cuando se lamentó de que Colombia abriera puertas a quienes “agreden constantemente” y “preparan nuevas agresiones” contra Venezuela.

Por ello decidió, semanas después, revisar las relaciones de Venezuela con Colombia, que las congeló desde el punto de vista diplomático y comercial ocasionando grandes estragos a las economías de ambos países.

En medio de llamamientos a la intervención de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), la postura del venezolano fue acogida por los gobernantes de países como Nicaragua, Daniel Ortega; Bolivia, Evo Morales; Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, o de Chile, la ahora ex presidenta Michelle Bachelet.

“Respetamos la soberanía internacional y las decisiones de cada país, pero (…) vamos a ver cómo esas decisiones afectan al resto de los países, que estamos inquietos”, reconoció Bachelet durante un encuentro con Lula antes de la cita de la Unasur celebrada a comienzos de septiembre del año pasado en Quito.

Lula la acompañó con esta frase: “la soberanía es intocable y a mí no me agrada nada una base estadounidense en la región, pero así como no quiero que Uribe se entrometa en mi Gobierno, prefiero no dar opiniones en las decisiones de Uribe”.

Como Chávez, el boliviano Morales opinó por entonces que el propósito de Washington era lanzar desde bases colombianas acciones contra “los procesos revolucionarios que se gestan en América”.

La polémica llevó a Uribe a organizar en horas una gira por Perú, Chile, Brasil, Paraguay, Argentina, Bolivia y Uruguay “para abordar los temas del terrorismo en Colombia, sus riesgos y los asuntos relacionados con Unasur”, según el objetivo oficial del periplo, anunciado el 3 de agosto del año pasado.

Para entonces, el Gobierno estadounidense ya tenía asignados 46 millones de dólares para “ampliar la plataforma de aterrizaje” de Palanquero, una de las siete bases incluidas en el acuerdo y, por su ubicación en el centro de Colombia, considerada “estratégica”.

El asunto volvió al ámbito de la Unasur, con una cumbre extraordinaria celebrada el 28 de agosto en Bariloche (Argentina), y adonde Uribe acudió con el mismo mensaje de tranquilidad que había entregado en su gira regional previa.

Uribe dejó el poder el pasado 7 de agosto, cuando asumió su correligionario y ex ministro de Defensa Juan Manuel Santos, convencido de la bondad de este acuerdo, que defendió siempre como complementario del que estaba en vigor entre ambos países desde 1974.

  • Información de EFE | Elespectador.com

Edemar.

Operação Lunus, O Retorno (falso)

17/08/2010

Caso Lunus: a versão do cachorro louco

Por Leandro Fortes (Brasília, eu vi)


Seria apenas risível, não fosse, antes de tudo, muito grave, o surgimento de uma nova e alucinada versão sobre a operação da Polícia Federal, deflagrada em março de 2002, que resultou na apreensão de 1,3 milhão de reais na sede da construtora Lunus, em São Luís, no Maranhão. A empresa, de propriedade da governadora Roseana Sarney (PMDB) e do marido dela, Jorge Murad, tornou-se o epicentro de uma crise política que modificou os rumos da campanha eleitoral de 2002, justamente quando a direita brasileira parecia capaz de emplacar, finalmente, um candidato puro-sangue com real chance de chegar à Presidência da República. Na época, Roseana Sarney era do PFL, atual DEM, e resplandecia numa eficiente campanha de mídia como exemplo de mulher corajosa, determinada e, sobretudo, competente.Resguardada pelo poder do pai, o senador José Sarney (PMDB-AP), e pela aliança pefelista que sustentava o governo Fernando Henrique Cardoso, Roseana sonhou, de fato, em tornar-se a candidata da situação contra Luiz Inácio Lula da Silva.

O desejo da família Sarney de retornar ao Palácio do Planalto revelava, em primeiro plano, o absoluto descolamento da realidade de um clã provinciano e truculento, incapaz de perceber o mundo além das fronteiras do Maranhão. Por outro lado, revelava, ainda, total desconhecimento dos métodos e da sanha de seu verdadeiro adversário, o tucano José Serra, empenhado em ser candidato pelo PSDB a qualquer custo. Serra, ao contrário de Roseana, tinha montado uma máquina de moer inimigos a partir de um “núcleo de inteligência” instalado na antiga Central de Medicamentos (CEME) do Ministério da Justiça, comandada pelo delegado da PF Marcelo Itagiba, atual deputado federal pelo PSDB. Itagiba, no entanto, era apenas o ponto de contato entre Serra e a direção-geral da corporação, então nas mãos de outro tucano, o delegado Agílio Monteiro Filho, que chegou a se candidatar, sem sucesso, à Câmara dos Deputados, em 2002, também pelo PSDB. Em 2007, o delegado foi nomeado ouvidor-geral adjunto do Estado de Minas Gerais, uma espécie de ombudsman paroquial, pelo governador Aécio Neves. Um prêmio de consolação, convenhamos, para lá de meia-boca.

Agílio Monteiro Filho comandou de longe uma operação montada em bases políticas, dentro do Palácio do Planalto, com o aval do presidente Fernando Henrique e de seu candidato à sucessão, José Serra. Imputar esse fato ao PT e, mais incrivelmente, a Lula, quase uma década depois do ocorrido, só se justifica pela insana caminhada de parte da mídia ao precipício, onde também se pretende jogar a memória nacional e a inteligência alheia, para ficarmos em termos brandos. O depoimento do tal sindicalista Wagner Cinchetto à revista Veja, como parte da série “grandes entrevistas de dedos-duros do mundo sindical”, tem a pretensão de transformar fatos concretos e apurados numa versão aloprada baseada, unicamente, nos valores invertidos do mundo bizarro em que se transformou boa parte da imprensa brasileira. Trata-se de caso explícito de abandono completo da regras básicas do jornalismo, mesmo a mais primária, a de pesquisar, com um google que seja, aquilo que já foi escrito a respeito.

Digo isso porque, quando da deflagração da Operação Lunus, eu era repórter do Jornal do Brasil, em Brasília, e fui destacado para descobrir os bastidores daquela sensacional ação policial que, inusitadamente, havia sido comemorada tanto pelo Palácio do Planalto como pela oposição petista. Eu tinha boas fontes na Polícia Federal, tanto em Brasília como no Maranhão, e desde as primeiras horas da notícia fui alertado de que, embora a grana dos Sarney fosse mesmo suja, a operação da PF tinha sido armada para detonar Roseana Sarney. Outro que foi avisado cedo sobre o assunto foi o próprio José Sarney. Furibundo, o chefe do clã iniciou um movimento político que resultou em uma de suas raras dissidências governistas e em um ódio paternal profundo pela figura de José Serra.

Na ponta da Operação Lunus estava o delegado Paulo Tarso de Oliveira Gomes, atual adido policial nos Estados Unidos, nomeado pelo diretor-geral da PF, delegado Luiz Fernando Corrêa, imagina-se, por bons serviços prestados à corporação. Gomes era um homem de confiança de Agílio Monteiro Filho e, portanto, do PSDB. A chance de haver alguma ligação dele com o PT ou Lula é a mesma de Marcelo Itagiba se tornar ministro da Justiça em um eventual governo Dilma Rousseff. Ou seja, zero. Jamais houve, contudo, o tal telefonema para o Palácio do Planalto feito por Gomes para avisar FHC do sucesso da empreitada. O delegado Paulo Tarso Gomes enviou, isso sim, de dentro do escritório da Lunus, um fax para o Palácio da Alvorada, à noite, onde o presidente Fernando Henrique, ansioso e de pijamas, aguardava notícias sobre a ação. O texto anunciava a missão cumprida. Foi uma matéria minha, no JB de 2 de março de 2002, que revelou a armação.

Eu soube do fax porque, à época, consegui acessar os dados da companhia telefônica do Maranhão e me deparei com o grau de amadorismo da ação. Incrivelmente, o delegado-chefe da operação, no afã de mostrar serviço, nem esperou voltar para o hotel em São Luís para dar as boas novas a FHC: passou um fax de dentro da empresa investigada! Os números, tanto do telefone da Lunus, como do Palácio da Alvorada, foram registrados pela telefônica e, um dia depois, também foram estampados pelo Jornal do Brasil, a tempo de desmentir uma versão montada às pressas, na assessoria de imprensa da PF, que chegou a apresentar um fax falso para evitar a desmoralização da operação. Tudo isso poderia ter sido checado, sobretudo na Editora Abril, haja vista que o editor-chefe do jornal, que participou diretamente da edição das matérias, era o jornalista Augusto Nunes, atualmente , um dos colunistas da revista Veja.

Mais uma coisinha que ninguém se lembra de falar quando se trata da Operação Lunus: embora tenha sido um sucesso político para os tucanos, foi um fracasso total para a Polícia Federal. Um ano depois, o Supremo Tribunal Federal (STF) arquivou, por falta de provas, o processo contra Roseana Sarney decorrente da ação da PF.

No fim das contas, o neoarrependido Wagner Cinchetto nada mais é o do que um dos cachorros loucos liberados pela mídia neste agosto eleitoral. Ao imputar a Lula e ao PT a tucaníssima Operação Lunus, o sindicalista conseguiu apenas consolidar essa impressão terrível, que cresce com a proximidade das eleições, de que os ventos da derrota não trazem, definitivamente, bons conselhos aos candidatos.

Transcrito por Edemar.


Lealdade na disputa política

16/08/2010

Desnecessários comentários a esta notícia divulgada no blog ‘amigosdopresidentelula’ sobre mensagem de Astrid Fontenelle em seu twitter.

Edemar.

Astrid, que atualmente comanda um programa no canal GNT, afirmou que twitteiros famosos teriam sido pagos por candidatos para falar mal de adversários durante o debate presidencial da Band, que ocorreu no último dia 5 de agosto.

“A pessoa [que passou a informação] garante que isso aconteceu no dia do debate da Band. E que muitos twitteiros estavam usando a tag #dilmafail”, disse Astrid .

Sobre a denúncia – que recebeu mais de 100 retweets, muitos deles de famosos – a apresentadora foi categórica. “Acho péssimo pagar pra falar mal. Pague pra divulgar, pra chamar atenção no debate”, disse. E finalizou com um conselho: “Acho que temos que tomar muito cuidado com o que escrevem em tantos blogs e no Twitter”.


Anistia & indenizações – Resposta ao TCU

13/08/2010
O TCU ficou maluquinho

NOTA DE OPINIÃO DA COMISSÃO DE ANISTIA SOBRE A DECISÃO DO TCU EM REVER AS ANISTIAS ÀS VÍTIMAS DO REGIME MILITAR

A Comissão de Anistia tomou conhecimento, por meio da imprensa, de decisão do TCU que acolheu solicitação do procurador Marinus Marsico para que todas as indenizações concedidas como prestações continuadas sejam reapreciadas pelo Tribunal, com fulcro em suposto caráter previdenciário das mesmas e em possíveis ilegalidades.

Como contribuição ao debate democrático junto à sociedade e às instituições públicas brasileiras, a Comissão de Anistia manifesta preocupação no sentido de que a decisão do TCU incorra em um equívoco jurídico, político e um retrocesso histórico.

1. Do ponto de vista jurídico importam dois registros.

O primeiro o de que, para tentar comprovar a possível existência de “ilegalidades” nas indenizações utilizaram-se de 3 casos emblemáticos: Carlos Lamarca, Ziraldo Alves Pinto e Sérgio Jaguaribe.

Ocorre que a decisão não abrangeu informações fundamentais. No caso do Coronel Carlos Lamarca, assassinado na Bahia, faltou a informação de que o direito devido à sua viúva é objeto de decisão da Justiça Federal meramente atualizada pelo Ministério da Justiça. Faltou registrar também que recentemente a Justiça Federal do Rio de Janeiro confirmou a correição da decisão da Comissão de Anistia no caso do jornalista perseguido Ziraldo e que possui situação idêntica a de Jaguar. Estaria a Justiça Federal cometendo ilegalidades?

Nos três casos, os critérios indenizatórios estão previstos na Constituição e na lei 10.559/2002. Vale ressaltar que o artigo 8º do ADCT prevê que a anistia é concedida “asseguradas as promoções, na inatividade, ao cargo, emprego, posto ou graduação a que teriam direito se estivessem em serviço ativo”.

A segunda impropriedade reside em possível exorbitância das competências do TCU, que abrangem a apreciação da: “III – legalidade dos atos de admissão de pessoal e de concessão de aposentadorias, reformas e pensões civis e militares” nos termos do art. 71 da Constituição.

Ocorre que a lei 10.559/2002, criada por proposição do governo Fernando Henrique e aprovada por unanimidade pelo Congresso Nacional, em seu art. 1º, criou o específico “regime jurídico do anistiado político”, compreendendo como direito: “II – reparação econômica, de caráter indenizatório, em prestação única ou em prestação mensal, permanente e continuada, asseguradas a readmissão ou a promoção na inatividade, nas condições estabelecidas no caput e nos §§ 1o e 5o do art. 8º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias;”. Ainda, o artigo 9º, caracteriza de forma inequívoca a reparação como parcela indenizatória, destacando que “Os valores pagos por anistia não poderão ser objeto de contribuição ao INSS, a caixas de assistência ou fundos de pensão ou previdência, nem objeto de ressarcimento por estes de suas  responsabilidades estatutárias”. Avançando ainda mais, a lei prevê, em seu parágrafo único que “os valores pagos a título de indenização a anistiados políticos são isentos do Imposto de Renda”.

Se a equiparação entre a indenização reparatória e a previdência social fosse o objetivo da Lei n.º 10.559, não teria ela em seu artigo 1º estabelecido de forma expressa o referido “regime do anistiado político” em oposição aos regimes especiais da previdência já existentes à época. Justamente o oposto: o 9º artigo da lei determina que todos os benefícios decorrentes de anistia sob tutela previdenciária do INSS sejam convertidos para a modalidade indenizatória e pagos pelos Ministérios do Planejamento e da Defesa: “O pagamento de aposentadoria ou pensão excepcional relativa aos já anistiados políticos, que vem sendo efetuado pelo INSS e demais entidades públicas, bem como por empresas,  mediante convênio com o referido instituto, será mantido, sem solução de continuidade, até a sua substituição pelo regime de prestação mensal, permanente e continuada, instituído por esta Lei”.

Assim, questão basilar no direito brasileiro, os direitos indenizatórios não se confundem com os direitos previdenciários. A tentativa de igualar as prestações mensais a um benefício de natureza previdenciária é um exercício imaginativo forçado, cujo resultado inadequado seria uma assimetria entre as reparações de prestação única e as reparações de prestação mensal. Conforme a decisão, os perseguidos políticos que recebem reparação em prestação única seriam “indenizados” e os que recebem prestação mensal seriam titulares de “beneficio previdenciário”. A lei brasileira não estabelece esta distinção, ao contrário, dispõe que ambas reparações são resultantes do mesmo fato gerador, são
reguladas pelos mesmos requisitos, com regime jurídico próprio e, óbvio, sob o teto de uma mesma lei. Neste sentido, estabelecer uma analogia entre a indenização em prestação mensal e a previdência social seria francamente exorbitante e ilegal, pois que procura, por meio do controle de contas, redefinir a natureza jurídica do regime do anistiado político, previsto na Constituição e regulamentado na Lei n.º 10.559/2002.

2. Do ponto de vista político, o temerário gesto do TCU ao se “autoconceder” uma competência explicitamente inexistente na Constituição pode enfraquecer a própria democracia. Incorre em erro a idéia difundida de que “[…] quem paga não foi quem oprimiu. É o contribuinte. Não é o Estado quem paga essas indenizações. É a sociedade.”, expressa recentemente pelo patrocinador da causa. Todo o direito internacional e as diretivas da ONU são basilares em afirmar que é dever de Estado, e não de governos, a reparação a danos produzidos por ditaduras. O dever de reparação é obrigação jurídica irrenunciável em um Estado de Direito. Mais ainda: o sistema jurídico nacional reconheceu esta responsabilidade nas Leis n.º 9.140/1995 e n.º 10.559/2002 e o Supremo Tribunal Federal definiu de forma claríssima que tais reparações fundamentam-se na “responsabilidade extraordinária do Estado” absorvida dos agentes públicos que agiram em seu nome (ADI 2.639/2006, Relator Min. Nelson Jobim). Deste modo, os critérios de indenização foram fixados pela Constituição de 1988 e pela Lei 10.559/2002
e qualquer alteração nestes critérios cabe somente ao poder Legislativo ou ao poder constituinte reformador, e não a órgãos de fiscalização e controle.

3. Do ponto de vista histórico tem-se que a anistia é um ato político onde reparação, verdade e justiça são indissociáveis. O dado objetivo é que no Brasil o processo de reparação tem sido o eixo estruturante da agenda ainda pendente da transição política. O processo de reparação tem  possibilitado a revelação da verdade histórica, o acesso aos documentos e testemunhos dos perseguidos políticos e a realização dos debates públicos sobre o tema.

O Estado brasileiro demorou em promover o dever de reparação. Os valores retroativos devidos aos perseguidos políticos somente são altos em razão da mora do próprio Estado em regulamentar as indenizações devidas desde 1988. O somatório da inafastável dívida regressa é  proporcionalmente igual à demora no processo de reparação. Questionar as “altas indenizações” tomando por base os valores dos retroativos, e não das prestações mensais em si importa em distorção dos fatos e do direito. Como a Constituição determina, os efeitos financeiros iniciam-se em outubro de 1988, o cálculo de retroativos que conduz aos altos valores é simplesmente aritmético, aplicada a prescrição qüinqüenal das dívidas do Estado. Não há, neste sentido, qualquer juízo administrativo sobre esse valor que possa ser corrigido sem flagrante desrespeito à Constituição.

Nas agendas das transições políticas, as Comissões de Reparação cumprem um duplo papel: juridicamente sanam um dano e, politicamente, fortalecem a democracia, restabelecendo o Estado de Direito e recuperando a confiança cívica das vítimas no Estado que antes as violou. É por esta razão que legislações especiais, como a Lei n.º 10.559, criam processos diferenciados para a concessão de reparações, com simplificação das provas (muitas vezes, como no caso brasileiro, parcialmente destruídas pelo próprio Estado) e critérios diferenciados de indenização (que não a verificação do dano moral e material). São órgãos públicos específicos para promover um amplo processo de oitiva das vítimas, registrar seus depoimentos, processar as suas dores e traumas, em um ambiente de resgate da confiança pública da cidadania violada com o Estado  perpetrador das violações aos direitos humanos.

Após 10 anos de lenta e gradual indenização às vítimas, o anúncio público por parte do Estado brasileiro de revisar as impagáveis compensações decorrentes do “custo ditadura”, ou seja, dos desmandos cometidos pelo Estado nos períodos ditatoriais – como torturas, prisões,  clandestinidades, exílios, banimentos, demissões arbitrárias, expurgos escolares, cassações de mandatos políticos, monitoramentos ilegais, aposentadorias compulsórias, cassações de remunerações, punições administrativas, indiciamentos em processos administrativos ou judiciais –  pode implicar em quebra do processo gradativo de reconciliação nacional e de resgate da confiança pública daqueles que viram o seu próprio Estado agir para destruir seus projetos de vida. Tantos anos depois, torna-se inoportuno e injustificável para as vítimas, o Estado valer-se da  criação de procedimentos de revisão diferentes daqueles inicialmente estipulados, estabelecendo uma instância revisora com um controle  diferenciado, impondo ao perseguido político mais uma etapa para a obtenção de direito devido desde 1988, ampliando a flagrante violação ínsita na morosidade do Estado em cumprir com seu dever de reparar.

É importante destacar que a Comissão de Anistia não se opõe que o TCU promova fiscalização de legalidade concreta. A propósito, o Ministério da Justiça já observou algumas destas recomendações em outras oportunidades. O que não se pode concordar, neste momento é com o fato de que a Corte de Contas abandone seu papel de fiscal de contas arvorando-se verdadeiramente em nova instância decisória para a concessão dos direitos reparatórios. O sentido das Comissões de Reparação é o de estabelecer um procedimento mais simples, célere e homogêneo que o  procedimento judicial, como forma de garantir a restituição dos direitos às vítimas ainda em vida ou aos seus familiares. Não guarda qualquer  relação com este objetivo remeter ao TCU o trabalho arduamente realizado por 7 diferentes Ministros da Justiça ao longo de 10 anos.

A inclusão de um procedimento revisor nos dias de hoje pode abalar a confiança cívica que as vítimas depositaram no Estado democrático e a própria reparação moral consubstanciada no pedido oficial de desculpas a ele ofertado pelo Estado, prejudicando o processo de reconciliação  nacional.

Trata-se de um grave retrocesso na agenda da transição política e da consolidação dos Direitos Humanos no Brasil. Em outros países que  enfrentaram regimes de exceção a agenda nacional move-se no sentido de avançar, com o Chile abrindo a integralidade dos arquivos disponíveis, a Espanha retirando estátuas e denominações de espaços públicos alusivas à ditadura de Franco, a Argentina condenando torturadores, e todos os países (desde o fatídico episódio nazista na Alemanha) estabelecendo programas de reparação às vítimas e depurando do serviço públicos aqueles que promoveram violações graves aos direitos humanos. Esta decisão no Brasil orienta-se no sentido oposto:  recoloca sob o plano da incerteza e da insegurança as reparações destinadas às vítimas ao invés de lançar-se sobre a investigação dos
perpetradores.

É imperativo avançar com a localização e abertura dos arquivos das Forças Armadas; com a proteção judicial das vítimas, com uma reforma ampla dos órgãos de segurança; com a localização dos restos mortais dos desaparecidos políticos entre outras tantas medidas já dadas pelo exemplo dos países que viveram experiências similares à nossa e pelo que está disposto nos tratados internacionais sobre a matéria. Caberia agora ao Brasil debruçar-se sobre os arquivos das vítimas, não para querer rever os critérios criados pelo legislador democrático diante do  incomensurável custo-ditadura, mas sim para encontrar-se com os milhares de relatos das atrocidades impostas aos anônimos que os meios de
comunicação ainda não se interessaram em propalar.

Por fim, a Comissão de Anistia reconhece a legitimidade do TCU para o controle de contas pontual e concreto, mas opõe-se ao extrapolamento ora em curso que pretende identificar o regime indenizatório com o regime previdenciário e proclamar uma nova instância revisora de todas as
indenizações mensais. A Comissão de Anistia ainda reconhece todas as demais formas de controle da Administração Pública a que está  submetida, como as esferas de controle interno e o próprio Ministério Público Federal.

Se há algum ponto positivo a ser extraído da decisão de ontem no caso desta ser mantida por instâncias recursais superiores, trata-se da possibilidade reaberta para que o Estado, uma vez mais, possa através de um órgão público dar publicidade às histórias de violações praticadas durante os anos de exceção no Brasil. Numa eventual reapreciação de todo o conjunto de processos julgados espera-se que o Tribunal de Contas, não transforme um processo de reparação política em processo meramente contábil e saiba ouvir e divulgar os relatos das vítimas, verificando com a devida sensibilidade histórica a legalidade de todas as concessões empreendidas pelo Ministério da Justiça. Somente deste modo a atual medida poderá contribuir para o fortalecimento da democracia e dos direitos humanos.

Brasília, 12 de agosto de 2010.


Paulo Abrão Pires Junior
Presidente da Comissão de Anistia
Ministério da Justiça


Sueli Aparecida Bellato
Vice-Presidente da Comissão de Anistia
Ministério da Justiça


Postado por Edemar (ilustração do saite Conversa Afiada).


Fim do 13º salário – mentira

12/08/2010
A turma dos carentes de argumentos requenta mais uma vez este boato, razão pela qual transcrevemos o desmentido já publicado e republicado pelo DIAP (Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar).

Edemar.

Agência DIAP
Seg, 31 de Maio de 2010 14:42

A notícia é falsa. Diante de várias consultas feitas à assessoria parlamentar do DIAP, decidimos veicular novamente esta informação para lançar luz às desinformações sobre o “fim do 13º salário” e outros direitos dos trabalhadores. O spam circula sempre às vésperas de eleições

Mais uma vez volta a circular na internet uma “informação” que desinforma e desorganiza o debate no movimento sindical. Trata-se de mensagem eletrônica que diz que foi aprovado na Câmara dos Deputados o fim do 13º salário.

A notícia é falsa. Diante de várias consultas feitas à assessoria parlamentar do DIAP, decidimos veicular novamente esta informação para lançar luz às desinformações sobre o “fim do 13º salário” e outros direitos dos trabalhadores.

No final de março de 2006, a assessoria parlamentar do DIAP, informou por meio da agência de notícias do órgão, que a aprovação do fim do 13º pelo Congresso era e é falsa, reafirmamos.

A mensagem é veiculada em períodos pré-eleitorais, a fim de desmoralizar o Congresso.

A proposição que mais se aproximava disso, o PL 5.483/01, enviado ao Congresso pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, tinha por finalidade flexibilizar a CLT, mediante modificação no artigo 618, para permitir a prevalência do negociado sobre o legislado.

Ou seja, o projeto autorizava que a negociação coletiva pudesse reduzir ou eliminar direitos trabalhistas. Mas aquele projeto, que havia sido aprovado na Câmara e aguardava votação conclusiva no Senado, foi retirado de tramitação pelo Governo Luiz Inácio Lula da Silva logo no primeiro ano do primeiro mandato, portanto em 2003.

Resistência na Comissão de Trabalho
O projeto, elaborado na gestão do ex-ministro do Trabalho e Emprego, ex-deputado e atual senador Francisco Dornelles (PP/RJ), apesar da grande resistência do movimento sindical e da luta do então deputado e atual senador Paulo Paim (PT/RS), foi aprovado na Câmara e enviado para apreciação do Senado. Nesta Casa, a matéria ainda chegou a tramitar sob o número de PLC 134/01.

A resistência e combate ao projeto na Comissão de Trabalho da Câmara foram implacáveis; a ponto de a matéria não ser aprovada no colegiado. O que obrigou o presidente da Câmara à época, deputado Aécio Neves (PSDB/MG), a avocar [chamar para si] o projeto para votação diretamente no plenário da Casa.

Entretanto, o presidente Lula, que havia assumido o compromisso de sustar a tramitação do projeto, enviou a Mensagem 78/03, pedindo o arquivamento do PLC 134. Assim, em sessão do dia 10 de abril de 2003, a mensagem foi lida e aprovada pelo plenário do Senado, sendo o projeto definitivamente arquivado.

O Senado Federal, por intermédio do Oficio 594, de 8/05/03, endereçado ao ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República, encaminhou a Mensagem 60/03 (SF), ao Excelentíssimo Senhor presidente da República, participando sobre o arquivamento do Projeto de Lei da Câmara (PLC) 134. A “notícia”, portanto, é falsa!


As estratégias óbvias da mídia

12/08/2010

Enviado por luisnassif, qui, 12/08/2010 – 12:08 (reproduzido de http://www.viomundo.com.br)

As estratégias da velha mídia são tão óbvias, que matam qualquer sensação de desafio, do xadrez, de se ter a sensação de decifrar grandes jogadas, estratégias superiores.

Como dois e dois são quatro, confira o que está acontecendo:

1. Pesquisas de opinião informando que Bolívia, Venezuela, Cuba, FARCs são bobagens que não chegam a população. Mas o “mensalão”, sim.

2. Montam-se as entrevistas com candidatos, com William Bonner enfatizando em todos os momentos a imagem do “mensalão do PT”. Até mesmo para falar das alianças políticas de Serra. Pois foi com o PTB, que esteve envolvido… no “mensalão do PT”.

3. O próximo lance será um dos três veículos do quadrado mágico levantar uma nova denúncia, requentar uma velha, quem sabe o julgamento pelo STF, qualquer coisa que permita trazer à baila o “mensalão”. Em outros momentos diria que é a Veja. Mas seu grau de credibilidade é muito baixo. Hoje, talvez a Folha, que está entrando de cabeça em todas as frias, mesmo após o casos “ficha da Dilma” e “menino do MEP”. Provavelmente o Estadão, que guardou o maior estoque de credibilidade entre os jornais.

4. Aí os jornais baterão na tecla, repercutindo a denúncia – com resultado próximo a zero. Mas permitirá à Globo repercutir no Jornal Nacional e na CBN, depois de ter reavivado a memória dos telespectadores com as perguntas colocadas nas entrevistas.

5. Plínio de Arruda Sampaio terá enorme oportunidade de mostrar uma candidatura independente – e crescer – se quando confrontado com a pergunta óbvia, mostrar que todos os partidos recorreram a isso, incluindo o PSDB – no episódio da votação da reeleição. Mas provavelmente os entrevistadores terão cautela, depois de alcançado o objetivo nas entrevistas anteriores.

Edemar